Poder Popular, Gobierno y Participación institucional.

La irrupción de los llamados gobiernos progresistas ha suscitado diversas discusiones respecto a la participación institucional en la esfera estatal de coaliciones de partidos que representan intereses de movimientos sociales. Esta discusión no es nueva, pero en América Latina es una reflexión urgente.

Para caracterizar este debate en términos simples, es posible dar cuenta de  dos perspectivas contradictorias. La primera, sostenida por quienes creen, por un lado, que la participación institucional de los movimientos sociales es una especie de claudicación que tiene como peligro la posibilidad de ser “absorbidos por lo electoral”, perdiendo autonomía y supeditando la revolución a la reforma. Una segunda perspectiva es planteada por quienes sostienen que no basta con participar electoralmente, sino que van un paso más allá sosteniendo la necesidad de crear una “militancia estatal”, es decir, plantean que en la medida que somos Gobierno es posible la realización de un cambio radical de la sociedad.

Entre estas dos posturas extremas, tenemos el deber de construir una tercera posición, que otorgue centralidad a la construcción de poder popular y que desarrollemos en las siguientes palabras.

Algunas notas sobre el Poder Popular

El poder popular en palabras simples se entiende como la expropiación y democratización por parte del pueblo de aquellos ámbitos de la vida que se centralizan y gestionan en los aparatos gubernamentales, por ejemplo; la gestión de salud, educación, vivienda, alimento, justicia, defensa, entre otros. En la medida que esta expropiación se realiza se va diluyendo el poder del estado, permitiendo su socialización y gestión “de abajo hacia arriba”.

En la construcción de esta orgánica popular se van presentando diversas tareas, que pueden ser entendidas como internas o externas.  Son tareas internas aquellas que se relacionan con la disputa de los elementos culturales,  del sentido común al interior de nuestro pueblo, la formación y educación de sus dirigentes sociales, el fortalecimiento de la capacidad de gestión y análisis crítico, potenciar la unidad en la acción colectiva, la disciplina en la acción y la defensa de los construido, entre otros.

Por otro lado, dentro de las tareas externas, existe una contradicción de relevancia, que ha suscitado grandes discusiones  y que se presenta como la “barrera institucional”.

En este análisis “lo institucional” lo vamos a exponer como un elemento necesario para el avance del poder popular, entre muchos otros. La participación institucional tiene como objetivo fundamental e inexpugnable lograr control del Gobierno, como un avance táctico. Pero la responsabilidad militante nos obliga a no confundir lo que queremos con lo que es, y en ese sentido es importante clarificar que los gobiernos no son el poder, ni el Estado es TODO el poder. Acceder a dichos espacios, es acceder a una porción limitada pero imprescindible de poder, sobre todo en regímenes altamente presidencialistas como el nuestro. Así mismo, es importante considerar que el control del aparato ejecutivo, sin la suficiente representación parlamentaria, complejiza la tarea.

Por otro lado, la barrera institucional se encuentra representada por diversos elementos, dentro de los que se destacan los amarres institucionales: enclaves dictatoriales que se construyeron para detener vía control de  constitucionalidad, cualquier cambio profundo en las relaciones políticas y sociales de los chilenos.

Una analogía pertinente, para explicar de mejor manera el punto anterior, es remitirnos al juego de ajedrez: Cuando uno de los ejércitos, posiciona una pieza, por ejemplo un peón, en la mitad enemiga, sin duda alguna es un avance cuantitativo de su ejército, se encuentra en una situación potencialmente positiva. Pero aunque esta posición abre el camino para la salida de otras piezas al tablero (alfiles, torres o reinas) y amplia el marco de acción del jugador; el peón aún se encuentra rodeado de piezas enemigas, por lo que si bien podría mejorar su situación inicial, también cabe la posibilidad de que empeore.

De la misma forma, acceder al gobierno implica acceder a una porción del poder y agregaremos, limitadísima de poder. Es posicionarse en la zona de seguridad de las clases dominantes, ampliando nuestro margen de maniobra.  No obstante, el gobierno se presenta como un espacio restringido y agobiante que se encuentra en el “campo estratégico del Estado”.  El gobierno no es una fracción del poder del Estado, como si el Estado completara y agotara las fracciones restantes, el gobierno es un elemento institucional del conjunto de elementos que componen las dinámicas al interior del Estado. El Estado, a su vez, se encuentra supeditado al campo estratégico de la lucha de clases en general y no agota la noción ni del poder, ni de la lucha de clases. Sus límites son superados por las dinámicas propias del enfrentamiento.

Un ejemplo de lo anterior, lo constituye la práctica de subcontratar o suministrar trabajadores de una empresa subcontratista a una empresa principal. Dicha práctica existe antes que el Estado lo definiera como subcontrato en el Código del Trabajo, es decir, esta práctica es anterior a su institucionalización, por lo tanto, pertenece (en sus dinámicas primigenias) al conjunto de elementos que componen la lucha de clases y específicamente a las dinámicas de producción. No obstante y tal como lo expone Poulanzas “El Estado interviene con su acción y sus efectos en todas las relaciones de poder a fin de asignarles una pertenencia de clase y situarlas en la trama de los poderes de clase

Aún más gráfico que el ejemplo anterior lo encontramos en la capacidad del poder económico de expresarse a través de sectores “representativos de la soberanía popular”, expresados en el Poder Legislativo y utilizarlos como brazo político de sus intereses de clase, incluso por fuera de la legalidad vigente. Este poder económico no ha sido votado por nadie, no es parte de los poderes del Estado, pero aun así se manifiesta como un actor relevante en las decisiones más importantes, por ejemplo la ley de pesca.

La democracia liberal, en cuanto declaración de principios, nos ha invitado a encauzar por vías legales, democráticas y pacíficas, nuestro proyecto Socialista, pero a su vez, nuestro enemigo no ha jugado el mismo juego. Esto es expresión de un campo de enfrentamiento ha superado con creces al Estado, el gobierno y lo institucional.

Por lo tanto, cuando hablamos del gobierno como un espacio restringido y agobiante nos referimos a que se encuentra al interior de límites que no son reformables desde el mismo gobierno, que restringen su capacidad de acción y que lo obligan a mantener el status quo. Esto queda de manifiesto si analizamos los últimos gobiernos progresistas de la región y que tienen como último escenario al Brasil de Dilma Rousseff. Incluso tratándose de reformas realizadas que no alcanzan a ser cambios radicales, sino más bien el cumplimiento de ciertos estándares  socialdemócratas, dichos procesos  representan para el Bloque Dominante, una amenaza que es necesario eliminar. Las herramientas que utiliza son diversas, juicios políticos, bloqueos de proyectos de ley, mayorías parlamentarias golpistas, medios de comunicación al servicio de los poderes económicos, insurrecciones golpistas y la lista suma y sigue.

¿Quiere decir esto que la lucha institucional es un empresa estéril? Claramente no. Superar los múltiples límites que el pueblo tiene para avanzar, es una tarea urgente. Desarrollar una estrategia flexible y amplia, que nos permita abordar y superar el conjunto de barreras que se nos presentan, ya sea internas o externas, nos obliga a dejar de lado cualquier atisbo de dogmatismo político. En esto consiste la creación heroica, en dejar de lado los dogmas, como un ejercicio de responsabilidad con nuestro pueblo, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, con un sentido de realidad, reflexionar nuestras tácticas constantemente es una necesidad metodológica básica, metodología poco utilizada y que los revolucionarios conocemos como crítica y autocrítica.

En conclusión, la disputa electoral es un elemento táctico de la construcción del poder popular que hay que superar en cuanto nos pone unos límites, pero participar electoralmente y lograr espacios de representación, no es sinónimo de triunfo, muy por el contrario, es un riesgo, que si bien tenemos que correr, no puede ser sacrificando la acumulación política en el seno de nuestro pueblo, representación directa de su capacidad organizativa. En ese sentido, no hay posibilidad de triunfo si avanzamos sin el correlato popular, que supere los distintos niveles de lucha y que tenga la capacidad de gestionar en el territorio y principalmente a nivel comunal, la salud, la producción, la cultura, etc, con el apoyo del paraguas institucional. A esto le llamaremos comunalizar el poder.

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